Yo estudio, de forma etnográfica, las relaciones sociales de las personas centroamericanas en tránsito por México. Investigo cómo las personas migrantes crean, cambian y deshacen sus redes sociales cuando se enfrentan a la violencia, el peligro y la incertidumbre. Observo el papel de la confianza, la solidaridad y el engaño en la ruta migratoria. Recientemente empecé un proyecto de investigación acerca de cómo las personas migrantes entienden las políticas de control y disuasión migratoria de México, especialmente la detención migratoria. Aprendí que aunque algunas personas internalizan la criminalización vivida, otras se rebelan contra la etiqueta de “ilegales” y demandan el libre tránsito y la abolición de las fronteras.

Durante mi trabajo de campo he percibido que son muy pocos los migrantes que ven a México como un buen destino. Las políticas de control migratorio establecidas por el gobierno de nuestro país criminalizan a las personas migrantes y las exponen a más violencia. Los retenes, las redadas, la persecución y la detención fuerzan a las personas migrantes a mantenerse en la clandestinidad y a tomar rutas cada vez más peligrosas. El miedo a ser deportados les impide pedir ayuda médica o legal. Además de la violencia estatal, las personas migrantes están expuestas al crimen organizado y a una ciudadanía xenófoba. Las personas migrantes entienden que no son bienvenidas y que son consideradas “menos” que las personas mexicanas. No se creen el discurso de los derechos humanos del gobierno.

La mayoría de las familias y de los menores no acompañados que entrevisto en la ruta migratoria quieren pedir asilo en Estados Unidos. Tienen la impresión de que allá el gobierno trata mejor –o menos mal– a las familias y a los menores de edad. En cambio, los hombres mayores de edad están más dispuestos a cruzar el desierto sin papeles y con la ayuda de un coyote (cuando pueden pagarlo). Si van a estar lejos de sus familias, prefieren hacerlo ganando en dólares. Quieren que el sacrificio valga la pena.

Para las pocas personas que intentan quedarse en México, asentarse es complicado. Si se quedan a trabajar sin regularizarse, ganan muy poco dinero y no les alcanza para mandarle a sus familiares en Centroamérica. Si intentan sacar una visa humanitaria o pedir asilo, el trámite puede tomar meses. Durante este tiempo, las personas migrantes viven en la incertidumbre en albergues migratorios. No pueden salir mucho ni trabajar legalmente. Muchas se frustran y dejan el trámite a la mitad; prefieren hacer la espera en Estados Unidos.

Para hacer de México un país más acogedor para las personas migrantes hace falta, sobre todo, dejar de criminalizarlas. El gobierno debe evitar hacer retenes y redadas que sólo generan ver a las personas migrantes como criminales. También debe respetar la Ley de Migración de 2011 y proporcionar educación, salud y justicia a estas personas. El gobierno podría facilitar visas de tránsito y visas de asentamiento para que quienes deseen quedarse puedan conseguir trabajo digno y asentarse en México. Finalmente, se podrían hacer programas de reunificación familiar para traer a sus familias de forma segura. Una política migratoria de bienvenida y no de disuasión y repulsión haría a México un país más atractivo para algunas personas migrantes.

Díaz de León, Alejandra, “‘Transient Communities’: How Central American Transit Migrants Form Solidarity without Trust”, Journal of Borderlands Studies, octubre, 2020.

Díaz de León, Alejandra, “Why Do You Trust Him? The Construction of the Good Migrant in the Mexican Migrant Route”, European Review of Latin American and Caribbean Studies, núm. 111, pp. 1-17, 2021.

Díaz de León, Alejandra, “Nadie aprende en cabeza ajena: migración y violencia en México”, Revista Justicia Posible, núm. 2, 2020.

Díaz de León, Alejandra, “Jóvenes centroamericanos en México: estrategias y capital social migratorio”, en N. Baca Tavira y A. Bautista León, Jóvenes y migraciones (pp. 89-114, Mexico, Gedisa, 2019.

Díaz de León, Alejandra y Paola Lilí García Alanís, “Retos de acceso a la justicia para personas centroamericanas en México”, en X. Ballesteros Pérez, Acceso a la justicia penal: el caso de las poblaciones indígenas y migrantes (pp. 61-88). México, USAID/INSYDE, 2019.