Una gobernabilidad migratoria regional de iure no existe, o es sumamente deficiente. Lo anterior no significa, sin embargo, que no exista de facto una cierta gobernabilidad migratoria, en cuanto prevalecen patrones de comportamiento migratorio aparentemente aceptados tácitamente por todos o parte de los países involucrados.

En la región de ANyCA, la gobernabilidad migratoria adquiere relevancia a partir del momento en que existen movimientos migratorios de facto (reconocidos o no), si bien la demanda de gobernabilidad migratoria ha sido diversa y cambiante. No obstante, la casi inexistencia de acuerdos sobre gobernabilidad migratoria de iure no implica que no haya existido, o que no exista, cierta gobernabilidad migratoria. Mi argumentación central es doble: por un lado, que por largos periodos ha existido en la región, o en partes de ella, una especie de gobernabilidad migratoria de facto, sui generis, el sentido de la aceptación tácita o la tolerancia por los países de la región de tendencias y comportamientos migratorios; por otro, que esta gobernabilidad se ha venido erosionando, con altibajos, a partir, sobre todo, del 2001 y de la presidencia de Trump.

En el contexto de la lucha antiterrorista y el resurgimiento de las fronteras (rebordering), el sistema migratorio regional sufre un vuelco sustancial y México ve alterados sus múltiples papeles en el mismo. El vuelco del sistema consiste, entre otras cosas, en que, con anterioridad a septiembre de 2001, existía una cierta gobernabilidad de facto, de cuasi patrones migratorios estables a través de fronteras relativamente permeables, una realidad de “revolving door”, de abrir y cerrar esas fronteras a conveniencia, siempre y cuando no se rebasaran ciertos límites. En el escenario post-septiembre de 2001 la situación cambió de manera significativa y ello se reflejó en los distintos papeles de los actores regionales involucrados.

Dentro del sistema existe un gran polo de atracción, Estados Unidos, lo que le confiere una gran asimetría al sistema. Además, en este contexto, los “entendimientos tácitos sobre patrones de comportamientos migratorios tolerados” no ofrecen predictibilidad; son ambiguos; no son enforceable. De ahí, la búsqueda por el resto de actores de una gobernabilidad formal, de iure, de reglas de movilidad y migración.

México, como país de origen y de retorno, reciente y crecientemente de tránsito, marginalmente de destino y esporádicamente de refugio, se enfrenta a dilemas ingentes en este proceso de erosión de la gobernabilidad migratoria regional de facto. Por su ubicación, tal vez los dilemas más difíciles y conflictivos sean como país de tránsito. Ante la creciente cerrazón de la frontera sur de Estados Unidos, la presión por políticas firmes de control y contención migratorios, o el Protocolo de Protección Migratoria (MPP), también conocido como Remain in Mexico, México no puede mantener la tradicional permeabilidad de su frontera sur. En el marco del paradigma contemporáneo de gobernabilidad migratoria –una migración segura, ordenada y regular–, el país ha tomado acciones en la dirección de ir conformando “políticas migratorias maduras”, declarando que México no es país de tránsito y que pretende establecer un control razonable de sus fronteras, con respeto a los derechos de quienes pretenden ingresar aun de manera no autorizada. En contrapartida, ofrecería convertirse en país de destino y refugio. El tránsito, sin embargo, de una gobernabilidad de facto a una de iure conlleva ingentes dilemas al igual que decisiones difíciles y costosas.

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