El fenómeno del retorno de personas de origen mexicano desde Estados Unidos ha ganado visibilidad en la agenda política en la última década. Sin embargo, este retorno, ya sea voluntario o como resultado de una deportación formal, no siempre se considera en el diseño de políticas públicas o en la planeación de servicios que faciliten la (re)integración a nivel local, incluso en ciudades con una mayor infraestructura para la atención a migrantes. La atención proporcionada por actores gubernamentales a nivel federal y local se centra principalmente en la acogida inicial y la gestión de trámites de documentación de identidad. Se emplean esfuerzos coordinados en menor medida en áreas como salud, educación y medios de vida, lo que resulta en que la sociedad civil trabaje para llenar esta brecha de acompañamiento integral.

La tarea de proporcionar atención que responda a las necesidades específicas de las personas retornadas se complica debido a la diversidad de perfiles dentro de esta población. Esto incluye jóvenes adultos, personas mayores y familiares de personas retornadas que buscan la reunificación familiar en México, entre otros. Por lo tanto, comprender las experiencias de la población retornada y los desafíos que enfrenta su proceso de (re)integración es esencial para informar las acciones y los esfuerzos de atención.

Mi investigación y análisis de este fenómeno no comenzó en la academia, sino a partir de una experiencia propia de deportación en 2009, la cual he compartido públicamente desde 2012. Esta experiencia ha permeado en distintas áreas de mi vida, incluyendo esfuerzos colectivos de incidencia, la investigación-acción independiente y mi trayectoria profesional como asesora técnica en materia migratoria. En mi experiencia con personas retornadas, he notado que la (re)integración no concluye necesariamente cuando, tras cinco años de su retorno, dejan de ser estadísticamente consideradas como migrantes de retorno. Este proceso puede durar más de una década, incluso puede dar lugar a otras migraciones como el de reemigrar a Estados Unidos o emigrar a otros países en búsqueda de una movilidad social que puede ser difícil de lograr en México.

Los desafíos persistentes para el acceso a la educación, particularmente en nivel superior, fueron el factor principal que me llevó a cursar una maestría en el exterior después de mi deportación. Mi experiencia me hizo comprender que no es un desafío exclusivo de las personas retornadas, sino para cualquier persona que haya cursado estudios en el extranjero, creando exclusiones para quienes enfrentan mayores vulnerabilidades por su experiencia migratoria. La burocracia del sistema educativo, la cual se observa también en otros sectores, de forma recurrente se contrapone con los principios normativos de universalidad y no discriminación.

A pesar de los progresos realizados para incorporar el retorno y la deportación en la política pública y la sociedad mexicana, según mis observaciones y estudios desde 2009, sigue siendo un asunto pendiente.

Landa, N. (2022), “Epilogue: Reclaiming our Voices, Stories, and Knowledge”, en R. M. Irwin (ed.), Migrant Feelings, Migrant Knowledge: Building a Community Archive (pp. 177–184), University of Texas Press.

Landa, N. (2021), “La burocratización del derecho a la identidad”, Brújula Ciudadana, ed. 134.

Landa, N. (2016), “From Marginalization to Insider Research: Advancing the Right to Educational Mobility of U. S.-Educated Deportees in Mexico”, AERA Online Conference Paper.

Landa, N. y Valera-Huerta, A. (2021), “Nancy Landa. La historia de una mujer binacional que, a través de la escritura y la incidencia, convirtió la intemperie en refugio colectivo para deportados y retornadas”, CIESAS - Ichan Tecolotl, vol. 33, núm. 361.

Yrizar Barbosa, G. y Landa, N, (2019) “Dimensión #3. Sociopolítica: Estatal y Local”, en Políticas multinivel para el retorno y la (re)inserción de migrantes mexicanos y sus familias (pp. 252- 290).