En 2022 arribaron a la frontera sur de Estados Unidos una cantidad de personas sin precedente, en su mayoría solicitantes de refugio. La cifra de “encuentros” de la policía fronteriza de Estados Unidos con extranjeros en la frontera con México fue de 2.5 millones. En 2023 se proyecta un número similar.

Además de la cantidad, el cambio más importante consiste en el perfil social de las poblaciones de movimiento. En la medida que los determinantes tienen características de expulsión y de movilidad forzada —por distintos factores en cada país de origen—, su perfil social corresponde al de solicitantes de refugio. La movilidad que predominó en tiempos anteriores, hasta antes del 2018, aproximadamente, se encontraba más asociada con factores del mercado laboral y económicos, por lo cual las personas en tránsito eran principalmente hombres en edad productiva, predominaba el flujo procedente del norte de Centroamérica.

En cambio, las actuales poblaciones en movilidad incluyen amplias proporciones de grupos familiares, infancia y mujeres. Un rasgo adicional es que se amplificara el espectro de países de origen y la cantidad de personas obligadas al tránsito internacional. Ejemplos claros son México —que actualmente configura una tercera parte del total de la movilidad-—, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, así como Ecuador y Colombia y muchos puntos geográficos ubicados en África y Asia, proporcionalmente de menor escala.

Los determinantes de expulsión y desplazamiento forzado son múltiples, como los económicos, de violencia e inseguridad, intolerancias políticas e incluso deterioros ambientales. De forma particular, las dispersas y crudas consecuencias de la pandemia de Covid-19, más allá de las crisis de salud, en muchos países profundizaron rezagos y contradicciones previas, como economías frágiles, ingresos precarios, debilidades institucionales, entre otros escenarios, lo cual generó un contexto de mayor deterioro entre deterioros, e intensificó una crisis entre las crisis previas, lo que generó desplazamientos y búsqueda de refugio. La sincronía de las recientes movilidades humanas sin duda tiene este antecedente compartido, México incluido.

El perfil social de refugio tiene poderosas implicaciones para el diagnóstico de la problemática, para el ejercicio de derechos, la atención de necesidades y, en general, para la acción de los Estados ante la emergencia humanitaria. Para el gobierno de México, las políticas pertinentes son las relacionadas con las convenciones internacionales en materia de refugio, con lo previsto por la constitución en la materia y, sobre todo, la aplicación de los lineamientos de la ley sobre refugiados y protección complementaria. La institución que debiera comandar estas políticas y coordinar acciones de protección es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. No son ni las condiciones, ni las poblaciones que supone la Ley de Migración y, mucho menos, debieran predominar las acciones del Instituto Nacional de Migración o de la Guardia Nacional; si esta es la ruta, como actualmente es el caso, se están violentando masivamente los derechos de las personas refugiadas en tránsito por México e incluso de la población mexicana, que también es solicitante de refugio ante el gobierno de Estados Unidos.

Guillén López, Tonatiuh, México, nación transterritorial. El desafío del siglo XXI, CDMX, PUED/UNAM, 2021.

Guillén López, Tonatiuh, Tejiendo redes al sur. Trabajo y región entre México y Guatemala, CIESAS, ECO SUR, Centro Geo, Colef, Instituto Mora, 2021.

Guillén López, Tonatiuh, “Un paso adelante, tres atrás. La política migratoria en tiempos de AMLO y Trump”, José Woldenberg, Ricardo Becerra (coords.), Balance temprano desde la izquierda democrática, CDMX, Grano de Sal, 2020.